El Gobierno está usando todos sus resortes para impulsar el tema, está contactando con todas las capitales, recalcando su importancia
NotMid 19/09/2023
EUROPA
Los ministros de Asuntos Europeos de los 27 se ven las caras este martes en Bruselas para un encuentro ordinario del Consejo de Asuntos Generales. Lo que tienen sobre la mesa, sin embargo, no es nada habitual. En agosto, como parte del plan plurinacional de Pedro Sánchez y las negociaciones entre el PSOE y Junts, el Gobierno se comprometió a solicitar a la Unión Europea el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, con lo que podrían ser usadas no sólo en los documentos oficiales, sino en las negociaciones comunitarias o los debates de la Eurocámara. Y la primera discusión tendrá lugar ahora, en un foro del máximo nivel y bajo el delicado paraguas de la presidencia española, que obliga a extremar el cuidado en la logística, el protocolo y el respeto de la neutralidad institucional.
No hay nada normal en este proceso. Nunca antes ha ocurrido, ni nadie puede imaginar que vaya a ocurrir de nuevo, que un país solicite de golpe la inclusión de tres idiomas adicionales, algo que no sólo tendría un coste económico, sino que implicaría nuevos cambios en la estructura de los servicios de interpretación y un posible retraso adicional en el tramitado de documentación. No es normal que lo haga un país bajo su propia presidencia y sin que haya ni mucho menos un consenso claro, político y social.
Es completamente inusual, y hasta «disparatado» según varias fuentes consultadas, que España haya presentado una propuesta de «debate y adopción», que quiere decir que si los ministros o secretarios de Estado presentes en la sala estuvieran de acuerdo se podría aprobar y zanjar todo en apenas un par de horas, con apenas una sesión de trabajo previa entre los embajadores de los 27, que lo abordaron por primera y de momento única vez este viernes. Y no es normal tampoco porque aunque el Gobierno está usando todos sus resortes para impulsar el tema, está contactando con todas las capitales y recalcando lo importante que es ahora mismo, es evidente que una propuesta, un desafío de esta categoría, es completamente imposible que salga adelante. Al menos no a corto plazo. Pero Madrid sigue actuando más de cara a la galería y a sus aspirantes a socios de investidura que de cara a sus socios comunitarios.
ALBARES, AL FRENTE
El tema está en la agenda del día y representará a nuestro país el ministro José Manuel Albares, a pesar de que los ministros de Exteriores nunca participan en los encuentros del Consejo de Asuntos Generales, y delegan en el secretario de Estado del ramo. España ha pedido una modificación del reglamento 1/1958 que afecta a las lenguas y la argumentación legal se hará apelando al artículo 55.2 del Tratado de Lisboa, firmado en el 2007 y que dice: «El presente Tratado podrá asimismo traducirse a cualquier otra lengua que determinen los Estados miembros entre aquellas que, de conformidad con sus ordenamientos constitucionales, tengan estatuto de lengua oficial en la totalidad o en parte de su territorio. El Estado miembro de que se trate facilitará una copia certificada de estas traducciones, que se depositará en los archivos del Consejo». España ya usó la cláusula para depositar una traducción precisamente al vasco, gallego y catalán, y sólo otro país se ha interesado por el tema desde 2009.
Pero el problema no era, no es y no será jurídico. Ya se intentó hace 20 años y la respuesta fue un claro «no». Hay países, entre ellos los más grandes, que consideran «sorprendente», en el mejor de los casos, que con esos precedentes España haya optado por la vía expeditiva y pretenda resolver esto sin un largo debate previo. «Todos entendemos la lógica y las razones, la urgencia concreta, pero así no se hacen las cosas», explica un diplomático involucrado en el proceso. «Ellos hacen lo que creen que deben hacer y nosotros haremos lo que hay que hacer», añade recalcando que no hay enfado o irritación, pero sí reservas claras, pues esas lenguas ya se han beneficiado de un estatus único e ir más allá, dicen, está fuera de lugar.
Suecia y Finlandia han dejado claro, y por escrito, que no están cómodas tampoco. Piden que antes de tratar nada a nivel político se haga un estudio en profundidad, serio, de las implicaciones de una medida de ese calibre. A nivel económico, sobre el Presupuesto de la Unión, pero también administrativo. Irlanda instó a que se reconociera el gaélico, asumiendo ella misma los costes relacionados, pero se tardó lustros en poder usar la lengua de forma oficial, por la falta de especialistas. Alemania, Austria, Países Bajos, Eslovaquia, Dinamarca y varios otros están en la misma posición. Igualmente, hay socios, como Francia, que tienen enormes problemas. Su política lingüística nada tiene que ver con la española y esta incursión de tres lenguas que son sólo oficiales en una región y no en todo el país podría suponer enormes quebraderos de cabeza.
En todo caso, nadie ha planteado un veto a la posibilidad en sí, que debe ser adoptada por unanimidad. No de momento, al menos. España se ofreció el viernes pasado a correr con los gastos relacionados, pero las capitales quieren números concretos y un análisis jurídico de qué precedente se puede abrir aquí. Están dispuestas a debatirlo, a escuchar los argumentos con atención hoy, pero con el proceso habitual, sin prisas, porque un error o una precipitación, dicen, «crearía un precedente que puede ser fatal si no se hace bien». Pedro Sánchez no tiene mucho margen, pero Carles Puigdemont no aprieta a los demás.
Agencias