Vivienda, energía… El Ejecutivo de los casos de corrupción deja en el último curso graves problemas de gestión
NotMid 10/08/2025
OPINIÓN
PALOMA H. MATELLANO
“Máximo histórico del precio del alquiler”, titularon los diarios el pasado 1 de abril. Unas semanas antes, el Gobierno había sido incapaz de aglutinar la mayoría necesaria para sacar adelante la Ley del Suelo, medida con la que aspiraba a aliviar la situación. “No podemos soportar más esta presión”, advertía el Gobierno canario en septiembre de 2024, sobrepasado por una “crisis humanitaria sin precedentes”. Los miles de menores migrantes que permanecían hacinados en sus centros aún siguen allí. “Necesitamos fondos”, repiten una y otra vez desde la sanidad rural, y desde una Valencia arrasada por la dana, mientras la reforma del sistema de financiación nunca llega. “El gran apagón”, titularon los diarios el 29 de abril, después de horas con el país a oscuras. Pero España no solo dejó de funcionar aquel día.
“Desde el Gobierno actuamos para resolver los problemas de la gente”. Es una afirmación recurrente en las intervenciones de Pedro Sánchez y sus ministros y, sin embargo, es motivo habitual de las críticas de la oposición y, también, la ciudadanía. En el ecuador de la legislatura, las asignaturas pendientes se desbordan. El goteo de informaciones sobre los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo y al PSOE son un puñal a su porvenir, pero en el último curso ocurrió algo peor para Moncloa: se ha generalizado la sensación de que los problemas se cronifican o empeoran. Síntomas del ocaso de una era.
De la vivienda a la educación o la movilidad, la ausencia de una mayoría con la que gobernar deja numerosas postales de La España que no funciona. Hoy se inicia una serie de reportajes bajo ese título, con rostros que ponen cara a las lacras del país mientras las soluciones siguen bloqueadas. De hecho, en este último curso, el Gobierno convirtió la excepción en tónica.
De los 23 reales decretos-ley que el Consejo de Ministros ha aprobado esta legislatura, cuatro han sido después invalidados al no obtener el visto bueno del Congreso. En democracia se han impulsado más de 750 decretos-ley y solo nueve han sido derogados, seis bajo gobiernos de Sánchez. El último, el decreto antiapagones, el 23 de julio, que contenía medidas de supervisión y regulación del sistema eléctrico para evitar otro fundido a negro. Con las nucleares en cuenta atrás, y cuatro meses después del apagón histórico, España no ha consensuado las reformas precisas para blindar la seguridad de un suministro básico.
Tampoco logra garantizar que sus medios de transporte funcionen. Pasajeros atrapados en trenes durante horas y estaciones colapsadas ante la sucesión de retrasos se han convertido en una imagen cada vez más frecuente, sin que el Gobierno pueda asegurar que no volverá a suceder. Las obras, o la falta de renovación en las infraestructuras, han sumido este servicio esencial en el “caos“, con averías que se repiten y sin visos de una solución definitiva.
Además, el Gobierno no ha podido respuesta al que ya es un problema de país: la vivienda. Según el estudio más reciente de Fotocasa, el precio del alquiler ha subido un 14% en julio y ser inquilino cuesta hoy 142 euros más que hace un año. Las zonas tensionadas van mucho más allá de Madrid y Barcelona y la Ley de Vivienda impulsada en la pasada legislatura para imponer topes al alquiler no está surtiendo efecto -muchas comunidades se niegan a aplicarla-. Faltan pisos sociales, se acumulan las casas vacías en la España rural y la escasez de suelo para edificar impide frenar el desequilibrio entre oferta y demanda en las grandes ciudades.
Con relativa frecuencia llegan al Congreso iniciativas que buscan resolver el problema desde distintos enfoques, pero la falta de una mayoría consolidada fuerza que decaigan sin casi superar el primer paso. La reforma de la Ley del Suelo, crucial para desatascar decenas de proyectos urbanísticos, permanece encallada y el Gobierno choca una y otra vez con sus socios -y con el PP– cada vez que intenta sacarla adelante. Y, tras un año de vaivenes por las reticencias de Junts, la norma que limita los alquileres de temporada apenas ha iniciado su tramitación parlamentaria, pese a que la proliferación de pisos turísticos está afectando de lleno a la crisis habitacional.
Dejando a un lado la vivienda, el Gobierno acostumbra a hacer gala de las cifras macroeconómicas del país para defender su gestión. Sin embargo, al bajar esos números a la calle, la sensación no es la misma. Si bien la inflación ya no se mueve en los valores disparados de la pasada legislatura, los precios, por ejemplo, de la cesta de la compra acumulan incrementos comprometedores para la clase media. La tasa de desempleo juvenil española está en el top de Europa y las prestaciones sociales para los más vulnerables, en demasiadas ocasiones, no llegan. Incluso, la falta de una mayoría de gobierno sólida las ha puesto en riesgo en más de una ocasión, como se repasará en algunos de los capítulos de la serie La España que no funciona.
En enero, el Congreso rechazó el decreto ómnibus que incluía medidas como la prórroga del bono social eléctrico y la revalorización de las pensiones -se terminarían aprobando semanas después-. También peligró el decreto de medidas para atenuar el efecto de los aranceles de Donald Trump, que finalmente Junts salvó con la promesa de que el 25% de los fondos irán a Cataluña. Y mientras, la reducción de la jornada, medida estrella de Yolanda Díaz para mejorar la calidad de vida, sigue estancada, sin los apoyos precisos en las Cortes.
Tampoco ha sido capaz el Gobierno de dar una solución definitiva a Canarias, que ha vivido este curso la mayor crisis de acogida de su historia. Sin una política migratoria clara, ha dado alas a los discursos de odio, con Vox agitando sin pudor la bandera de las “deportaciones masivas”. Pero, además, los miles de menores llegados a las islas siguen allí hacinados pese a las órdenes del Supremo -hace ya cinco meses- y las constantes llamadas de auxilio del Ejecutivo autonómico. La reubicación de estos jóvenes, aprobada vía real-decreto -con el sí de Junts tras garantizarse que Cataluña no tendrá que acoger a más personas-, se pondrá en marcha este lunes, pero de momento sólo con 10 traslados, y la reforma de la Ley de Extranjería, que articula un mecanismo permanente de distribución de los menores por las comunidades, no fue realidad hasta abril de este año, tras meses de una ardua negociación con Canarias al límite.
La falta de consenso también ha frenado mejoras en sanidad y educación. La Agencia de Salud Pública vio retrasada su creación porque PP y Junts la dejaron caer como castigo al Gobierno. Y la homogeneización de las pruebas de acceso a la universidad, reclamo extendido entre estudiantes y docentes, sigue sin terminar de materializarse, con las comunidades del PP en guerra contra Moncloa. Esta contienda ha sido también protagonista del curso. Ni dos Conferencias de Presidentes han servido para reconducir la relación, especialmente dañada por la ausencia de una negociación multilateral para reformar el sistema autonómico de financiación. El cupo para Cataluña choca con las necesidades que manifiestan el resto de autonomías, que atribuyen las eternas listas de espera y la sobrecarga de los colegios a los desequilibrios en el sistema de reparto de fondos. Y con una Valencia arrasada por la dana como paradigma de la infrafinanciación.
El Gobierno presume de las 23 leyes aprobadas en dos años de legislatura. Pero, en el mandato anterior de Sánchez, a estas alturas ya iban 38. Entre ellas, los Presupuestos, de los que esta vez no hay rastro. Las subidas del gasto en defensa han tenido que tramitarse sin pasar por el Congreso y las entregas a las CCAA, por decreto. El presidente ha prometido presentar cuentas, pero las exigencias de sus socios hacen casi imposible que vean la luz. Vivienda, sanidad, transporte y educación tendrán que seguir esperando respuesta. Y, quienes sufren sus deficiencias, también. Aquí se presenta el retrato de la España que no funciona.