NotMid 23/02/2022
OPINIÓN
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS
La fiscalía Anticorrupción, creada por González para encubrir sus infinitos casos de corrupción, anunció ayer que «no hallaba indicios delictivos» en la actuación de Ayuso, pero que, a petición de los grupos de oposición, «abría una investigación» por ser asunto de «gran trascendencia social». Insiste mucho Luzón en que la denuncia sólo pide medidas de investigación preliminares. ¡Cómo si no supiera qué significa leer «la Fiscalía Anticorrupción investiga»! Pena de telediario, sin recurso posible.
A mí me parece de más trascendencia que la Fiscalía asuma el papel de oposición a Ayuso, sin ver qué investigar. Pero Luzón ha acreditado en el caso Stampa tragaderas sobradas con los abusos de Dolores Delgado. Como es mucho más listo, sustituiría con ventaja a Me-Ma en la Asamblea de Madrid y nos ahorraría trámites onerosos. Van dieciocho denuncias contra Ayuso, interpuestas por los partidos que derrotó, todas archivadas por los jueces. ¿Alguien recuerda los dieciocho rechazos de las denuncias, aireadas por La Sexta?
«¿De quién depende la fiscalía? Pues eso».
Luzón podría lavar tan pésima imagen investigando la raíz clamorosamente delictiva de la revelación de datos de la Agencia Tributaria para montar el linchamiento de Ayuso. Sánchez, Bolaños, Casado y Egea son las cuatro patas del chantaje a la presidenta de Madrid para impedir que presidiera el PP regional. Un golpe de Estado de nivel autonómico, pero «de gran trascendencia social» que privaría de su representante legítima a los madrileños. La corrupción judicial remediaría la derrota electoral.
Código Penal, art. 197:
«1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales. (…) será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos. (…) Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero».
¡Ánimo Luzón! ¡Al banquillo con ellos!
ElMundo