NotMid 29/04/2026
Editorial NotMid
Después de un cuarto de siglo de estatismo militante, expropiaciones en serie y empresas quebradas por decreto, el Palacio de Miraflores parece haber descubierto una nueva fe: el sector privado. No es un ajuste menor; es, sin hipérboles, un giro de 180 grados en la retórica que sostuvo al sistema.
El chavismo cimentó su identidad en la demonización del capital. Durante décadas, el empresario fue el enemigo de clase, el explotador de turno y el cómplice del “imperio”. Los escombros de ese experimento están a la vista de todos y no hace falta llover sobre mojado. Que ese ciclo de hostilidad llegue a su fin es, en principio, una noticia alentadora. Sin embargo, en Venezuela la cautela no es una opción, sino un deber: hay que leer la letra pequeña.
Debemos ser tajantes: un testaferro no es un empresario. El sector privado no es aquel que opera bajo el ala de un ministerio o gracias a la venia de un general. Eso no es libre mercado; es, simplemente, una extensión del Estado —una burocracia con billetera propia y sin controles formales—.
Venezuela clama por un Big Bang de su aparato productivo, pero este solo será sólido si nace de reglas claras y un Estado de derecho robusto. Necesitamos marcos legales universales donde la ley se aplique con la misma vara para el inversionista conectado que para el emprendedor sin “padrinos”.
El riesgo inminente es que el país transite hacia un capitalismo de amigotes (crony capitalism). En ese ecosistema viciado, el activo más valioso no es la productividad ni la innovación, sino el acceso al teléfono adecuado. Lo que el país requiere es una economía de mercado real que atraiga a los mejores —sean pequeños, medianos o grandes— y no a los que mejor sepan “enchufarse”.
La aspiración de cambio en Venezuela lleva implícito un mandato ético: no basta con sustituir rostros en el poder; es imperativo erradicar las prácticas que nos condujeron al abismo.