NotMid 01/06/2026
IberoAmérica
La reciente desaparición de un joven de 23 años que intentaba alcanzar las costas de Aruba a bordo de una embarcación clandestina ha vuelto a poner el foco en el drama de los “balseros” venezolanos. Es la historia de miles que arriesgan sus vidas lanzándose al mar rumbo al Caribe Neerlandés, persiguiendo las condiciones de vida que su país ya no les ofrece.
El portal arubeño 24Ora visibilizó este fenómeno al reportar un caso emblemático ocurrido el pasado domingo 31 de mayo: una lancha zarpó desde el estado Falcón —en la región noroccidental de Venezuela— con destino a la isla. La embarcación no solo trasladaba migrantes, sino también un cargamento de droga. Al aproximarse a la orilla, los pasajeros se lanzaron al agua para ganar la costa a nado. Aunque algunos lograron eludir los controles policiales y adentrarse en el territorio, el joven de 23 años, cuyos familiares residen en Aruba en condición irregular, permanece desaparecido.
Hechos como este se repiten con alarmante frecuencia. Desde las costas de Falcón, uno de los estados más empobrecidos de Venezuela, la cercanía geográfica es una tentación constante: las luces de Curazao y Aruba son visibles a solo 70 y 20 kilómetros de distancia, respectivamente. Esta proximidad ha propiciado el asentamiento de bandas criminales dedicadas al tráfico de personas, organizaciones que en los mismos viajes suelen camuflar sustancias estupefacientes, armamento y contrabando de animales exóticos.
Este panorama dista mucho del histórico vínculo entre ambos territorios. Durante décadas, estas islas del Reino de los Países Bajos prosperaron gracias al turismo venezolano, cuyos ciudadanos abarrotaban sus playas y dinamizaban el comercio local. Sin embargo, el estallido de la crisis política y económica en la República Bolivariana transformó la relación por completo: Caracas llegó a mantener las fronteras cerradas durante años, las islas impusieron el requisito de visado para los venezolanos y las autoridades de Oranjestad aún sostienen la prohibición de vuelos directos con Venezuela.
El impacto en cifras
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), que agrupa a agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, señalaba que para febrero de 2026 la cifra de refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe rozaba los 7 millones.
Ante la magnitud de ese éxodo, los registros oficiales de Aruba (11.500 venezolanos) y Curazao (7.000) podrían parecer marginales. No obstante, el impacto demográfico es masivo: en periodos clave, la diáspora ha llegado a representar más del 10% de la población total de estas islas. En su censo más reciente, las autoridades de Willemstad reconocieron un “incremento significativo” de la comunidad venezolana, catalogándola como la población migrante de mayor crecimiento desde 2011.
La irregularidad migratoria define hoy la agenda bilateral. Una investigación del portal especializado Crónicas del Caribe revela que entre 2018 y 2025 se contabilizaron al menos 33 embarcaciones clandestinas interceptadas. Los datos demuestran que estos zarpes no constituyen hechos aislados, sino una ruta sistemática que se reactivó con fuerza en 2018 y experimentó un repunte crítico a partir de 2020. Según el mismo informe, el 61% de los botes detectados se dirigía a Aruba, mientras que el 39% restante buscaba tocar tierra en Curazao.
Un negocio lucrativo cobijado por la impunidad
Detrás de las estadísticas se esconde un rastro de pérdidas humanas. Crónicas del Caribe ha documentado un saldo de 16 muertes confirmadas y 65 personas desaparecidas en estas travesías, la mayoría jóvenes de entre 18 y 25 años. El dato más desgarrador de esta lista es la presencia de siete niños.
La vulnerabilidad de los menores ya había sido objeto de alerta institucional. En septiembre de 2023, el Ministerio Público de Willemstad advirtió sobre un incremento drástico en el tráfico de niños y adolescentes entre Venezuela y Curazao. Según la Fiscalía curazoleña, las víctimas —de edades comprendidas entre los 4 y los 15 años— suelen ser transportadas en las mismas lanchas que cargan armas y drogas. En esas fechas, la detención de cinco menores que viajaban solos en un peñero para reencontrarse con sus padres en la isla evidenció la desesperación familiar.
A pesar de que los familiares de los fallecidos y desaparecidos exigen de forma persistente a las autoridades venezolanas el desmantelamiento y castigo de estas redes de trata, la impunidad sigue imponiéndose en las costas de Falcón. Los incentivos económicos para los traficantes superan cualquier riesgo legal.
Aunque se desconoce la tarifa promedio exacta de los viajes clandestinos, los registros de Crónicas del Caribe confirman que el negocio es sumamente lucrativo: al menos 14 de las víctimas pagaron cuotas superiores a los 400 dólares, otras entregaron vehículos en garantía y se llegó a registrar un caso extremo donde un pasajero canceló hasta 2.000 dólares para abordar la embarcación.
Agencias