La guerra sucia afecta de lleno al Gobierno: es la propia UCO la que detalla el acoso del Ministerio del Interior para proteger a Pedro Sánchez
NotMid 04/06/2026
EDITORIAL
La instrucción judicial sobre las cloacas del PSOE ha dado un salto cualitativo de enormes dimensiones. El sumario, conocido este miércoles, contiene múltiples indicios de que el Ministerio del Interior se involucró de forma directa y reiterada en los planes de la presunta organización criminal armada para, en palabras de los investigadores, «proteger los intereses del presidente». Entre la maraña de causas que acorralan al Gobierno, esta es la más grave: los jefes políticos de la Guardia Civil —cargos de confianza de Fernando Grande-Marlaska, incluida la directora general del Cuerpo, Mercedes González— intentaron amedrentar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigan al entorno político y familiar de Pedro Sánchez. El cerco sobre el presidente se estrecha de forma inevitable.
Moncloa pretendía encapsular el escándalo en el partido y, en concreto, en la figura de Santos Cerdán. Ese relato, ya de por sí inverosímil, ha saltado por los aires. El Gobierno aparece ahora como un actor determinante en una trama que operó contra el Estado desde el propio Estado; una dinámica desde el Ministerio del Interior que evoca irremediablemente a la ‘operación Kitchen’ de la etapa de Mariano Rajoy. La magnitud del daño a las instituciones y a la confianza ciudadana es inaceptable. Si albergan un mínimo respeto por la dignidad del cargo o por las fuerzas de seguridad, ni el ministro ni la directora de la Guardia Civil pueden continuar un minuto más en sus puestos.
El sumario destapa las presiones de la cúpula de la Guardia Civil contra la UCO. Por un lado, para rebajar a la nada sus informes sobre el hermano del presidente, David Sánchez —juzgado por su contratación en la Diputación de Badajoz—; por otro, para que la unidad se pusiera «de perfil» ante las pesquisas políticamente más sensibles. Lo relevante es que no se trata de meras conjeturas, sino del testimonio del exdirector de la UCO, Rafael Yuste. En su declaración, Yuste señala directamente a Leonardo Marcos (entonces director general del Cuerpo) y al actual DAO, Manuel Llamas, situando estas maniobras en julio de 2024. Es decir, justo después de los «cinco días de reflexión» en los que Sánchez amagó con dimitir y momento en el que, según el juez Santiago Pedraz, la trama comenzó a actuar contra jueces, fiscales y policías.
La intimidación no se limitó a los despachos. Esas órdenes se tradujeron en la apertura de tres investigaciones internas contra la UCO, en las que fueron interrogados el propio Yuste, el teniente coronel Antonio Balas y el jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo. Los agentes del ‘caso Leire’ consideran que la dirección de la Guardia Civil se plegó a las consignas de la trama para blindar al presidente, a quien en el sumario se cita bajo el alias de «el One» y de quien se afirma, según confidencias atribuidas a Cerdán, que estaba al corriente de toda la operación.
A esto se suman las falsedades en las que habrían incurrido tanto Marlaska como Mercedes González. Ambos han negado públicamente cualquier relación entre la directora general y Leire Díez, pero la UCO documenta «al menos» tres reuniones entre ellas y apunta a conversaciones de mensajería móvil que fueron borradas posteriormente.
A medida que la causa avanza, la acumulación de indicios confirma lo que dictaba el sentido común: las piezas encajan con una coherencia abrumadora. Frente a la narrativa victimista del Gobierno, ni ha existido un lawfare de «UCO patriótica» y «bulos» mediáticos para desestabilizar al Ejecutivo, ni hay una conspiración orquestada por la oposición. Al contrario: lo que la investigación revela es una guerra sucia continuada desde el poder contra los funcionarios que investigan al círculo íntimo de Sánchez, con el único propósito de asegurar su permanencia en Moncloa.
La Justicia deberá determinar el alcance penal de la causa, pero la responsabilidad política del presidente ya excede lo cívicamente tolerable en una democracia europea. Que la unidad de élite de la Guardia Civil contra la corrupción denuncie el acoso y descrédito de sus propios superiores políticos es un hecho inédito. La reacción de Sánchez —silencio absoluto sobre la trama y respaldo explícito a la gerente del PSOE, imputada por fabricar facturas falsas para ocultar los pagos a la cloaca— solo subraya su responsabilidad directa. El presidente y sus alfiles han superado la fase de la vergüenza por la corrupción para exhibir una preocupante impunidad. Es el paso definitivo entre respetar las reglas de la democracia o dejar de hacerlo.