NotMid 25/04/2022
EDITORIAL
El gasto en pensiones y sueldos a cargo del Estado correspondiente al pasado año consolidó su tendencia ascendente hasta encumbrarse en un nuevo récord: 307.951 millones de euros. La repercusión de ambos capítulos en las cuentas públicas se apuntala como un lastre insostenible que exige urgentes medidas para garantizar la viabilidad del sistema. Estas son más necesarias que nunca dado el escenario inflacionista que arrastramos -que no es coyuntural, como quiere hacernos creer Moncloa- y que se ha agravado por la repercusión de la guerra en Ucrania. Lo constatan los mercados y también el bolsillo del ciudadano.
El incremento de las pensiones en términos interanuales fue del 5,4% (8.000 millones más que en 2020), una cantidad que será mayor cada año al persistir el Gobierno en su populista medida de revalorizarlas al mismo ritmo de crecimiento que el IPC, tras derogar el factor de sostenibilidad aprobado por el PP. Y ello a pesar de la preocupación de Bruselas y los principales actores económicos españoles, que aportan datos sobre la inviabilidad de un criterio que pone en riesgo la pervivencia misma del sistema público de pensiones.
En cuanto al pago a trabajadores públicos, el aumento de gasto fue del 4,9%(6.909 millones más). En este capítulo -con cifras récord de contratación en 2021- las dudas sobre su evolución son aun mayores, pues la propuesta del Gobierno de reproducir en el ámbito público la negociación que se desarrolla en el sector privado para alcanzar un pacto de rentas ya ha sido rechazada por los sindicatos. Es razonable temer una nueva rendición del Ejecutivo ante los sindicatos con tal de preservar el espejismo de una paz social que en realidad se sustenta en concesiones inexplicables, dada la situación económica que atravesamos, y que financiamos todos los españoles.
En estas páginas venimos insistiendo en la necesidad de un gran pacto de Estado para reformar el sistema público de pensiones desde su base, no a través de parches. Lo mismo sucede con la sobredimensionada y desorganizada Administración, donde la actual coyuntura también exige contención y una revisión de su estructura. Es preciso que el Gobierno se comprometa con estas transformaciones asumiendo que para ello será necesario implementar medidas impopulares de largo recorrido y gran impacto, renunciado a las soluciones cortoplacistas cuyo único rédito es el electoral, esquinando que así se agrava el problema.
ElMundo