La excepcionalidad política que acarrea un Gobierno débil y sin apoyos provoca la renuncia a parte de los préstamos europeos
NotMid 03/12/2025
EDITORIAL
La renuncia del Gobierno a gran parte de los préstamos europeos del Plan de Recuperación constata que la excepcionalidad política en la que se ha instalado España comporta un grave quebranto económico. Aunque el Ejecutivo, para justificar esta decisión, aduce que el país se está financiando en los mercados a costes inferiores a los establecidos para los préstamos europeos, la razón de fondo que subyace es la necesidad de desligarse de 18 reformas estructurales cuya aprobación exigía articular una mayoría parlamentaria. Justo aquello de lo que adolece un Gobierno sin apoyos y sumido en la incertidumbre por la falta de unos nuevos Presupuestos.
La maniobra de Moncloa, que supone renunciar a parte de los 83.200 millones de euros en préstamos europeos que tendría disponibles -ninguno de los Veintisiete había desdeñado tal volumen de recursos-, compromete la ejecución de medidas que el Ejecutivo había considerado claves, tanto en energía como en empleo y vivienda. Aunque es cierto que Bruselas propuso a los Estados la opción de centrarse en las subvenciones en lugar de los préstamos, en caso de apuros para sacar adelante las reformas pendientes, lo cierto es que el Gobierno ha dado este paso por su debilidad. Si su motivación fuera sólo económica, Moncloa mantendría el calendario de reformas. Si no lo hace es porque quiere eludir el trámite en el Congreso, lo que erosiona seriamente la imagen de España. Nuestro país, uno de los más golpeados por la pandemia, es el segundo beneficiario de los fondos europeos, sólo por detrás de Italia. Pero, al contrario que este país, España va retrasada en el acceso a créditos, cuyo plazo de solicitud vence en agosto de 2026. Y parece poco probable que el Ejecutivo acuda por sí mismo a los mercados a solicitar 60.000 millones para llevar a cabo inversiones que transformen la economía.
La excepcionalidad económica que entraña la agonía de esta legislatura procede de la fragilidad del Gobierno y del coste de la corrupción que salpica al PSOE y al entorno del presidente. Ambos factores llevaron ayer a Pedro Sánchez, en un gesto desesperado, a asumir el relato de Carles Puigdemont. Admitió el «incumplimiento» del pacto con Junts, hasta el punto de que el Consejo de Ministros ha aprobado algunas de las iniciativas exigidas por los independentistas. No estamos ante cesiones menores, sino de calado, como la financiación de los entes locales o la gestión integral de los secretarios e interventores municipales.
El presidente, tras el envío a prisión de José Luis Ábalos, afirmó que este «era un gran desconocido» para él «desde el punto de vista personal». Una afirmación inverosímil teniendo en cuenta que el ex ministro y ex número tres del PSOE fue durante un lustro su lugarteniente. La posición respecto a Ábalos llega justo cuando otro estrecho colaborador del presidente, Francisco Salazar -nexo entre Moncloa y Ferraz-, afronta denuncias en el PSOE por acoso sexual y repugnantes actitudes machistas en un escándalo que deja en ridículo los protocolos de los socialistas.
Más allá del desgaste orgánico de un partido socavado por el sanchismo, lo que no es admisible es poner en riesgo el interés general con el único fin de prolongar un mandato agotado.