Seis meses después del final de la erupción, los palmeros siguen sin recibir los hogares y las ayudas prometidas.
NotMid 22/06/2022
EDITORIAL
Seis meses después del final de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, las poblaciones afectadas están muy lejos de haber recobrado la normalidad y la mayoría de damnificados sufre el intolerable abandono de las administraciones públicas, como ellos mismos refieren a este diario.
Muy pocos entre los miles de desplazados cuentan ya con un alojamiento definitivo, mientras se cronifica la situación de quienes dependen de sus familiares para cobijarse y la de aquellos que disponen de soluciones provisionales y precarias, como casas prefabricadas y caravanas. Además, 300 personas permanecen alojadas en un hotel desde hace nueve meses. Los prometidos hogares no acaban de llegar. En cuanto a las millonarias ayudas comprometidas por el Gobierno central y las Administraciones regional, insular y local, el testimonio generalizado de los agentes sociales es que llegan con cuentagotas, circunstancia que admiten desde el Gobierno de España y el de Canarias. Por si fuera poco, la solidaridad ha dado paso a la especulación, con subidas estratosféricas en el precio de terrenos edificables y de los alquileres. Y tampoco han faltado indignos episodios de quienes han cobrado ayudas sin tener derecho, por lo que el proceso de pagos se ha ralentizado aún más.
Los palmeros ya no disimulan su hartazgo ante tanto despropósito: al desastre material se suman una evidente falta de liderazgo institucional y una burocracia que no parece estar a la altura de la excepcionalidad que comporta esta situación. Ambas han terminado de minar el ánimo que los damnificados atesoraban con la esperanza de reconstruir pronto sus vidas, atendiendo a las promesas políticas de los mismos que ahora les dicen que no será tan rápido ni tan fácil.
Seis meses ha tardado el presidente Sánchez -que visitó la isla en ocho ocasiones durante y después de la erupción- en designar un comisionado para la reconstrucción, que ayer mismo se reunió en La Palma con vecinos y miembros de las administraciones, en lo que se antoja la vuelta al principio de un proceso que ya debería estar en marcha hace tiempo. El Gobierno de España no puede fiar a la solidaridad vecinal y al encomiable trabajo de las ONG la supervivencia de los palmeros damnificados. Es su deber urgir al resto de administraciones para que presten las ayudas comprometidas, legislando de manera excepcional si fuera necesario. Para miles de palmeros el volcán no ha parado aún de rugir. Esperemos que el nombramiento de un comisionado no sea la enésima estrategia para ganar tiempo en lugar de afrontar el problema.