La autora considera que la guerra en Ucrania no es una actividad privada de Putin sino un hecho ilícito internacional
NotMid 22/04/2022
OPINIÓN
ARACELI MANGAS MARTÍN
Rusia, el Estado agresor, amenazó con “aniquilar” a los defensores ucranianos de Mariupol. Tal acción, la amenaza, es un crimen de guerra. Está prohibido declarar que no se dará cuartel, es decir: “Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario o conducir las hostilidades en función de tal decisión” (artículo 23b del Reglamento de la Guerra Terrestre-Convenio IV de La Haya y artículo 40 del Protocolo I Adicional de 1973, de los que Rusia es parte). La negación de cuartel es una de las acciones más repugnantes en tiempos de guerra por demostrar impiedad y desprecio por los vencidos sin respetar su derecho a defender su patria y su derecho a la vida como prisioneros de guerra. Claro, sin olvidar imágenes -servidas por prensa occidental- de soldados ucranianos disparando a los pies de soldados rusos que se rendían.
La guerra sin cuartel es la continuación de una violación sistemática por parte de Rusia de las normas internacionales que rigen las hostilidades en los conflictos armados. Rusia se está comportando como un Estado salvaje, como hace miles de años, ajeno a toda norma civilizadora y a la tradición del jurista ruso F. Martens, delegado en las conferencias de La Haya, que logró un acuerdo: “Las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la protección… de las leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pública” (cláusula Martens, incluida en los cuatro convenios de Ginebra).
Sobre la naturaleza del conflicto armado se han suscitado atrabiliarias calificaciones tanto por Moscú como por los comentaristas y políticos españoles. Rusia disfraza su agresión como si fuera una acción armada interna o una operación de castigo de ida y vuelta. “Operación militar especial” es la consigna goebbeliana rusa. Al negar el conflicto armado internacional, Rusia ha eludido su obligación de nombrar “potencia protectora” o Estado de confianza de cada beligerante encargado de ser un medio de comunicación y enlace entre los contendientes para la correcta aplicación de los convenios y, en especial, la protección de las víctimas (visita a los prisioneros de guerra, auxilio a las víctimas). Ambos estados siguen sin notificar, como es su obligación, dónde están sus hospitales y campos de prisioneros. Ucrania ha aceptado la retórica rusa sin nombrar su “potencia protectora” y ha negociado directamente con su agresor. En la guerra de las Malvinas, por ejemplo, Brasil ejerció por Argentina y Suiza por Reino Unido; en la del Golfo (enero, 1991), a falta de acuerdo sobre terceros estados, aceptaron al Comité Internacional de Cruz Roja.
Bajo la retórica del “conflicto interno”, Rusia ha ordenado el desplazamiento forzoso de poblaciones ucranianas hacia territorio ruso infringiendo la prohibición de desplazamientos forzados de civiles hacia el territorio del Estado ocupante (artículo 49 del Convenio IV de Ginebra), pudiendo ser un crimen de lesa humanidad (artículo 7d del Estatuto de la Corte Penal Internacional). Igualmente podría ser crimen de lesa humanidad acordar corredores humanitarios para evacuar a la población y disparar contra ella. Otros crímenes son la destrucción de una decena de ciudades o de las barriadas de Kiev con el único fin de causar muertos entre la población civil; también la destrucción generalizada de los bienes e infraestructuras civiles sin aportar “ventaja militar definida” al Estado agresor y solo empobrecer al agredido. Es claro que no han contribuido “eficazmente a la acción militar”, pues se han retirado de esas ciudades (artículos 52-54 del Protocolo I). Otros bienes tienen prohibiciones absolutas de ataques (escuelas, hospitales, orfanatos) e igualmente han sido destruidos por las fuerzas armadas rusas. Ambas partes han intercambiado al menos dos veces prisioneros de guerra, algo casi insólito hasta que no termina el conflicto.
A propósito de la “guerra de Putin”, resulta ridícula y ñoña la consigna del Gobierno de Sánchez que secundan sumisos ministros y medios de comunicación. Decir que el pueblo ruso está al margen es hacer melindres de monja. Sin olvidar que el encarcelado opositor ruso Navalny apoyó la invasión de Ucrania en 2014. No es una actividad privada de Putin. Su agresión es un hecho ilícito internacional y responsabilidad del Estado ruso -del que es su jefe de Estado- y de todos sus órganos (legislativo, ejecutivo y, en función de sus actuaciones, los judiciales, como ya pasara en los juicios de Nuremberg sobre los jueces que callaron o encubrieron los actos criminales). Y también responsabilidad histórica del pueblo ruso. Como lo fue el Estado y pueblo alemán por las guerras de Hitler: no fue el único villano de aquella tragedia.
Es una guerra de Rusia contra Ucrania. Y si, en caso de derrota, se pudieran exigir indemnizaciones de guerra, serían aportadas por el Estado ruso y no por Putin. Y si fuera la guerra de Putin, también sería la de Zelenski. Toda Ucrania es la que sacrifica sus vidas y hogares.
Son también histriónicas las discusiones de los medios de comunicación españoles y falsos expertos cuando se dividen entre los que dicen que “esto” no es una guerra, sino una invasión, o al revés. Quizás estén anclados en el siglo XVIII cuando algunas guerras eran un divertimento entre reyes y nobles y acordaban el lugar y la hora de inicio y descanso para sus ejercicios guerreros, así como quien iniciaba el primer disparo (la politesse francesa invitaba a los ingleses al primer tiro de cañón). Aquel tiempo pasó.
Si lo que ocurre en Ucrania no es una guerra, ¿son juegos florales? Hay combates, ¿o no?. Luego, hay guerra o conflicto armado. Una guerra es un enfrentamiento armado causado por un Estado que ataca a otro. Habida cuenta que el uso de la fuerza en las relaciones internacionales está prohibido, el Estado que inicia los movimientos de tropas (terrestres, aéreas o navales) es el agresor; en este caso, Rusia. Y ya no se precisa la declaración internacional de guerra o notificación (otra cosa es la autorización previa por los parlamentos nacionales). No es posible una guerra sin un amplio ataque o agresión (armada o ciberataque); la agresión es un concepto jurídico detallado (Resolución 3314, Asamblea General ONU, 1967; Manual de Tallín 2.0 para la ciberguerra). No es posible una guerra (convencional) sin invasión por fuerza terrestre, aérea (tripulada o no) o naval.
Luego, primero hubo una invasión (el hecho de traspasar por la fuerza una frontera internacional), que continúa. Como hubo resistencia legítima de la agredida Ucrania, hay combates cuyo conjunto es la guerra en Ucrania (no de Ucrania). Así que se tranquilicen los periodistas y excelsos expertos ajenos al Derecho internacional, que lo que sucede en Ucrania es una invasión y una guerra. En 2014, en la zona invadida de Crimea, no hubo resistencia, no hubo combates (guerra), si bien es una zona bajo ocupación bélica (siempre ilegal, como en el Sáhara).
El supremacismo nacionalista ruso niega el derecho de legítima defensa de Ucrania y les ha amenazado si llevan a cabo acciones que alcancen objetivos militares en territorio ruso. Es el caso del ataque ucraniano con helicópteros a una refinería rusa (Belgorod). La legítima defensa no permite al Estado agredido apoderarse del territorio del agresor, aunque sí repeler mediante ataques proporcionados y limitados al agresor en su propio territorio.
Como en casi todas las guerras, hay retórica sesgada. Nos escandalizamos por tantos crímenes de guerra. Correcto y justificado. Pero no son los primeros que se cometen ni quedarán impunes en este siglo XXI. La agresión ilegal y ocupación por EEUU y Reino Unido de Irak en 2003 conllevó la muerte de unos 100.000 civiles (con cifras muy superiores en diversos informes). Todo impune; un país destrozado. El bombardeo durante 78 días seguidos en 1999 por la OTAN (¿alianza nunca ofensiva?), miles de casas destruidas, ocupación parcial de Serbia y posterior amputación de Kosovo en 2008. Todo impune, incluida la pérdida territorial, como en el Sáhara. El Derecho internacional obliga por igual a los amigos y enemigos.
Araceli Mangas Martín es vicepresidenta de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (UCM).