NotMid 26/02/2026
EDITORIAL NotMid
La desclasificación de los documentos del 23-F no aporta novedades sustanciales; al contrario, actúa como un eco que corrobora lo que la historiografía ya había asentado: el papel decisivo de Juan Carlos I para desarticular la asonada. Ante la irrelevancia del material difundido, es difícil no ver en este movimiento una evidente maniobra de distracción por parte del Ejecutivo.
Resulta paradójico que, tras 45 años de hermetismo y con la reforma de la Ley de Secretos Oficiales hibernando en un cajón, el Gobierno de Pedro Sánchez autorice ahora la difusión de estos archivos. En una legislatura que da síntomas de agotamiento, instrumentalizar información que hace décadas dejó de ser un riesgo para la seguridad del Estado subestima la madurez de la ciudadanía española.
Si el objetivo real fuera facilitar la labor de los historiadores, el Gobierno no habría alimentado una expectativa que solo sirve para reavivar sospechas infundadas sobre las instituciones y la Corona. Los 153 archivos publicados —que incluyen desde pinchazos telefónicos a Antonio Tejero (fallecido ayer a los 93 años) hasta notas del CESID— dejan poco margen a la interpretación revisionista:
- Firmeza real: Las conversaciones con Milans del Bosch confirman que el Monarca fue tajante: “Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey; es contra el Rey”.
- El diagnóstico del fracaso: Los propios golpistas admitieron que su error fue “dejar al Borbón libre”, reconociendo implícitamente que la figura de la Corona fue el dique de contención de la democracia.
No hacía falta esperar casi medio siglo para ratificar lo que ya sabíamos. Por salud democrática, sería deseable que la súbita transparencia que el Gobierno exhibe sobre los eventos de 1981 se aplicara con el mismo celo a los asuntos del presente. Hay demasiadas sombras actuales que impactan directamente en el ciudadano y que merecen ser despejadas con la misma urgencia que se le pretende dar, de forma impostada, a los papeles del pasado.
