NotMid 29/07/2026
ESPAÑA
Se han pulido algunos matices de redacción, agilizado la lectura y mejorado la transición entre los datos y los testimonios, manteniendo intacto el tono periodístico, la estructura original y la precisión de las cifras.
“A las 12 de la mañana aproximadamente fue cuando sonó la alarma en todos los móviles de desalojo. Y eso sí que fue una locura”. Lo cuenta una vecina de La Adrada (Ávila), que recuerda perfectamente el momento en que, el pasado sábado, las autoridades ordenaron la evacuación de su pueblo por el avance del fuego. “Se llamó a varios autobuses para poder desalojar a la gente dependiente, a la gente mayor. Se fue tocando casa por casa para que no quedase nadie dentro”, relata; una escena que este lunes se repite en la memoria de los 73.152 ciudadanos evacuados en España.
Los incendios activos en las provincias de Ávila, Castellón, Madrid y Toledo han provocado la mayor evacuación de personas de este siglo en el país. En algunos casos, la pesadilla se alarga ya por más de 100 horas: a las 19.15 horas del pasado jueves, los vecinos de Aldea del Fresno (Madrid) recibieron en sus teléfonos móviles la orden de salir. Al cierre de esta edición, aún no habían podido regresar a sus casas.
La magnitud del éxodo equivale a desalojar por completo las ciudades de Palencia o Ciudad Real —sumando incluso a algunos vecinos más—, o a vaciar dos veces Teruel capital. Según las estimaciones del Informe Anual de Seguridad Nacional, en todo el año pasado se evacuó a 42.913 personas por incendios; en 2024, la cifra se quedó en 6.827. Ahora hay 73.152 vecinos fuera de sus hogares de manera simultánea.
La excepcionalidad de la situación queda patente al compararla con grandes tragedias recientes: 30.000 personas pasaron la noche fuera de casa tras el terremoto de Lorca (Murcia), aunque solo 10.000 lo hicieron obligadas; y 7.800 abandonaron su hogar ante la erupción del volcán de La Palma. La DANA que asoló el cinturón sur de Valencia en 2024 destruyó centenares de casas, pero no generó un volumen de evacuaciones comparable. Otras grandes gotas frías, como la que días después mantuvo en vilo a Málaga, expulsaron de sus domicilios a unos pocos miles. Quizá superara los 100.000 afectados la evacuación ordenada durante la pantanada de Tous (Valencia, 1982), aunque los registros de entonces son confusos.
En cualquier caso, nunca antes en este siglo se había alcanzado la cifra de 73.152 personas desalojadas de medio centenar de municipios en Madrid (31.865), Ávila (25.087), Toledo (6.200) y Castellón (10.000), a pesar de que a última hora de ayer el Ministerio del Interior autorizó el realojo en nueve pueblos toledanos sin precisar el número de afectados que retornarían. A los desplazados se suman 19.062 personas confinadas en sus domicilios en Madrid, 8.735 en Ávila y 70.000 en Castellón (97.797 en total).
En total, 170.949 ciudadanos permanecen hoy en vilo por tres grandes incendios: el originado en Burgohondo (Ávila) el miércoles; el que afecta a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid desde el jueves —resultado de la confluencia de tres focos iniciados en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox (Toledo)—; y el declarado el sábado en la Vall d’Uixó (Castellón).
Un impacto sin precedentes en zonas pobladas
La gravedad de la afección sobre la población civil se explica porque, a diferencia de lo habitual, estos focos —especialmente el madrileño y el castellonense— no han surgido en zonas de la llamada España vaciada, sino en áreas con decenas de núcleos de más de mil habitantes que han tenido que ser evacuados en tiempo récord.
La coordinación del dispositivo corre a cargo de Interior, que la noche del jueves asumió el mando directo al decretar la emergencia nacional. Esta medida es también insólita: este nivel de riesgo, que transfiere las competencias al Gobierno central, solo se había activado durante unas horas en el apagón de abril de 2025.
La situación de los desalojados es compleja. Al desgaste físico de pasar días fuera del domicilio —en muchos casos peregrinando de un albergue improvisado a otro— se suma la angustia de ignorar si sus viviendas se han salvado de las llamas.
Ayer, vecinos del Valle del Tiétar (Ávila) que abandonaron sus hogares durante el fin de semana intentaron regresar para sumarse a los contingentes de voluntarios que, codo con codo con los equipos de emergencias, combaten el fuego sobre el terreno. No lo consiguieron. “La Guardia Civil está en cada punto de salida y entrada a los pueblos y no deja entrar a nadie”, explica la vecina de La Adrada, que hasta el domingo formaba parte de ese retén de voluntarios en su municipio. Según sus cálculos, unas 150 personas se quedaron allí para “hacer cortafuegos alrededor de las urbanizaciones y evitar que el fuego entrara en el casco urbano”.
“Están agotados”, resume, un testimonio respaldado por otros residentes de la zona que suplicaban acceso a sus localidades: “Tienen que hacer relevos. Esta gente necesita descansar, porque los focos siguen activos”. Mientras la Diputación y los ayuntamientos coordinan el envío de suministros, los vecinos observan desde la distancia y con impotencia cómo arde su tierra.
Las grietas del operativo rural
Mandos de la Guardia Civil admiten que una de las mayores frustraciones de esta crisis es la imposibilidad de atender a todos los vecinos que han decidido desoír las órdenes de evacuación y permanecer en sus casas. Con recursos limitados, explican, la prioridad operativa pasa “inevitablemente” por garantizar la seguridad de quienes sí han abandonado los municipios y concentrar los efectivos en las tareas de rescate y protección general.
Los agentes sostienen que la catástrofe ha puesto de manifiesto una carencia denunciada durante años: la insuficiencia de plantillas en el medio rural. La magnitud del dispositivo ha evidenciado que los efectivos actuales no bastan para cubrir todas las necesidades simultáneamente, lo que obliga a priorizar y deja sin la vigilancia deseable a quienes deciden quedarse en las zonas de alto riesgo.
“No llegamos a todo”, resumen los mandos consultados, que consideran que la crisis ha destapado una grieta estructural en el Ministerio del Interior: la falta de personal en amplias áreas rurales, una reivindicación histórica que cobra máxima relevancia cuando una emergencia extrema somete al sistema al límite.
85.500 hectáreas calcinadas y nueva amenaza de calor
Según los últimos balances oficiales correspondientes al domingo, los incendios han arrasado alrededor de 85.500 hectáreas: 50.000 en Ávila —donde el fuego de Burgohondo se convierte en el mayor de la historia provincial—, 25.000 en Madrid, 2.000 en Toledo y 8.500 en Castellón.
Ayer, la máxima preocupación se concentró en tres frentes: Mijares (oeste del Valle del Tiétar), Casillas (flanco este de la misma comarca) y la zona norte del pantano de San Juan (Madrid). Aunque en los dos primeros se registró una mejoría a lo largo de la jornada, el sector madrileño seguía generando “mucha preocupación” al caer la noche, en palabras del ministro del Interior.
El escenario se complicará aún más este miércoles con la llegada de una nueva ola de calor que se prolongará hasta el domingo. Un factor que, en palabras de Fernando Grande-Marlaska, “es determinante y un elemento a valorar sustancialmente en estas circunstancias”. “Llamamos a la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía”, concluyó.
Agencias