El ganador de las elecciones no logra ser investido por desafiar la ley de lesa majestad
NotMid 14/07/2023
ASIA
Aunque es conocido como el país de las sonrisas, Tailandia padece una situación política que dista mucho de invitar a ninguna mueca de satisfacción. El estamento militar ha dirigido la nación del sudeste asiático con puño de hierro desde el golpe de Estado de 2014. La mascarada electoral un lustro después -tal como atestiguaron organizaciones internacionales independientes- mantuvo las cosas como estaban. Y no ha sido hasta este pasado mayo cuando los tailandeses pudieron participar de nuevo en unos comicios con garantías democráticas. Pero la negativa de las poderosas fuerzas conservadoras a admitir los resultados -los partidos opositores arrasaron- mantiene hoy al país en un bloqueo político que amenaza con disparar la tensión e incertidumbre a niveles de muy difícil digestión. Un escenario convulso en el que es demasiado alargada la sombra de la Monarquía. Hasta el punto de que no es exagerado concluir que el polémico rey Maha Vajiralongkorn puede arriesgar el futuro de la Corona si se muestra incapaz de hacer la lectura correcta sobre los anhelos de cambios y avances prodemocráticos de buena parte de su pueblo.
La prueba del algodón de ese bloqueo se produjo ayer cuando, tal como se temía, el aspirante a nuevo primer ministro, Pita Limjaroenrat (42 años) -estrella emergente de la nueva política local- no logró los apoyos necesarios para su investidura en el Parlamento. Limjaroenrat dio la gran sorpresa cuando su partido de nuevo cuño, Move Forward Party (MFP), se convirtió en el más votado al obtener el respaldo de casi 14,5 millones de ciudadanos. Junto a la siguiente formación, el Pheu Thai de los Shinawatra -una de las grandes dinastías políticas del país- y otros seis partidos más pequeños -entre todos suman más del 70% de los votos en las urnas-, Limjaroenrat ha ahormado una coalición para encabezar el Ejecutivo del cambio. Pero su deseo se ve de momento estrellado contra la realidad institucional tailandesa.
Y es que la Constitución vigente, redactada en 2017 bajo el mandato de la Junta Militar, establece que todo aspirante a primer ministro debe obtener el respaldo de al menos la mayoría simple de los parlamentarios, esto es, de la suma combinada de los 500 diputados y 250 senadores. Y los miembros de la Cámara Alta fueron designados a dedo por el Gobierno del general golpista y primer ministro en funciones Prayut Chan-ocha, el gran derrotado en las urnas y que el martes anunció que dejará la política en cuanto haya nuevo Gobierno.
Limjaroenrat necesitaba al menos 375 votos a su favor y ayer sólo consiguió 324, ya que apenas 13 senadores apoyaron su investidura. Y no parece que la situación vaya a dar ningún giro en la siguiente votación, el próximo miércoles. El joven político se enfrenta, además, a una causa judicial que podría acabar con su inhabilitación, ya que el Tribunal Constitucional estudia si violó la normativa electoral por haberse presentado a las urnas a pesar de poseer miles de acciones de varios medios de comunicación. Sus partidarios creen que es una estrategia de los sectores conservadores para impedirle por cualquier vía que llegue al poder.
CORONA INTOCABLE
El Move Forward es un partido que, por estos lares, definiríamos como centrista. Aunque en un país como Tailandia, sometido a una veintena de golpes de Estado desde mediados del siglo XX y en el que los militares se resistan a sacar sus botas del juego político, millones de ciudadanos, sobre todo la mayoría de los jóvenes, han visto en esta formación la esperanza reformista y se han dejado seducir por algunas de sus promesas progresistas. Para los estamentos aferrados al statu quo -muy vinculados con el ejército, la Monarquía y el influyente alto clero budista-, Limjaroenrat es un peligroso radical que amenaza las esencias de la nación.
Y, en concreto, la promesa electoral que más asusta tiene que ver con la Corona. Porque el MFP hizo campaña defendiendo la necesidad de reformar la conocida como ley de lesa majestad en Tailandia, una draconiana norma que hiperprotege a la institución monárquica hasta el punto de convertirla en absolutamente intocable. Cualquier gesto o comentario que se pueda interpretar como ofensivo hacia el rey o su familia se castiga con hasta 15 años de prisión. Y la ley ha sido usada por distintos gobiernos también para amordazar a la disidencia.
La Monarquía ha sido durante años una institución absolutamente reverenciada. Pero las cosas empezaron a cambiar en 2016 con la muerte del venerado Bhumibol. El ascenso al trono de su hijo, el actual soberano, llegó acompañado de las demandas de importantes sectores de la sociedad que, si bien no cuestionan la Jefatura del Estado coronada, sí reclaman avances prodemocráticos que alcancen también al rey. Y, así, en otoño de 2020 se vivieron inéditas marchas de estudiantes que por primera vez lanzaron críticas directas a la Monarquía.
El arrollador triunfo en las urnas de Limjaroenrat se interpretó como un punto de inflexión. Millones de tailandeses ya no están dispuestos a que la Corona siga siendo el gran tabú nacional y que, envuelta en un manto semidivino, sirva para frenar los crecientes deseos de avances en libertades sociales.
Aunque hoy por hoy la Monarquía en Tailandia no corre peligro, expertos en política del sudeste asiático alertan del riesgo -incluido el crecimiento del sentimiento republicano- que supone la politización de la institución por parte de sus acérrimos defensores, hasta el punto de usarla como pretexto para frenar hasta el asentamiento de la democracia y la formación de un Gobierno conforme al mandato de las urnas.
Agencias