NotMid 13/12/2025
EDITORIAL
La combinación incesante de nuevas investigaciones por corrupción del Gobierno y de numerosas denuncias por presunto acoso sexual en el PSOE imprime una irremediable atmósfera de derrumbe que afecta en primer término a Pedro Sánchez. Mientras los escándalos por el uso de dinero público se suceden a una velocidad tan vertiginosa que cuesta diferenciar unos de otros, Ferraz se ve desbordada por las denuncias de mujeres del partido contra sus propios compañeros o superiores. El goteo de dimisiones de cargos socialistas acusados de este tipo de conductas tras la indefendible labor de ocultación que la cúpula del PSOE ha llevado a cabo con Paco Salazar está desestabilizando internamente al partido de un modo insólito.
A diferencia de la grave erosión institucional que implica la explosión de causas judiciales vinculadas a la corrupción, el estallido de los casos de acoso sexual mina de forma implacable la autoridad moral de Sánchez en su propio partido. No se trata de un fallo de protocolo ni de una deficiencia administrativa, sino de un problema de coherencia ética que golpea directamente el inflamado discurso feminista que el presidente ha situado en el corazón de su proyecto. La inverosímil rueda de prensa de Rebeca Torró, la desconocida sustituta de Santos Cerdán, diciendo que el PSOE no pudo contactar con Salazar durante meses, retrata la desesperación de una dirección bunkerizada.
Mientras tanto, la entrada de la UCO en sedes ministeriales marca un punto de no retorno. Que la Policía judicial se persone en direcciones generales dependientes de Hacienda y de Transición Ecológica para recabar expedientes de contratación pública no es un episodio más. Hasta ahora, las investigaciones se movían en el perímetro de empresas públicas, intermediarios o cargos ya amortizados. Hoy cruzan el umbral de los ministerios, donde la exigencia de ejemplaridad es máxima.
La responsabilidad política del presidente escala cada día, y no solo porque la trama de Transportes y la que ahora salpica a la Sepi y también a Correos revelen la penetración de la presunta corrupción allí donde se toman las decisiones sobre los grandes gastos del Estado, sino porque varias de las figuras señaladas eran hombres de la entera confianza de Sánchez y de María Jesús Montero. El último en sumarse a esta lista es Juan Manuel Serrano, íntimo del presidente del Gobierno y su antiguo jefe de gabinete en el PSOE: como revelamos, la UCO investiga contratos públicos de su época al frente de Correos.
La percepción de descomposición es tal que Yolanda Díaz reclama cambiar el Gobierno de arriba abajo, ante la indiferencia de La Moncloa. Hoy más que nunca su credibilidad, y la de los socios parlamentarios del Ejecutivo, está severamente cuestionada. Sostener al presidente rebasa ya el umbral de la complicidad.
