La salida de Casado y Egea no resuelve el dilema moral que supone que el hermano de la líder de una comunidad se beneficie de una compra de esa región
NotMid 19/02/2022
OPINIÓN
DAVID MEJÍA
uando la envidia engendra una división hostil, viene la ruina, empieza la confusión». Quién mejor que Shakespeare para introducirnos en esta cómica tragedia. Cómica porque sus personajes son patéticos; trágica porque todos menos ellos conocemos su aciago final. No había en la villa de Madrid secreto peor guardado que la envidia que despertaba en Génova Isabel Díaz Ayuso. Su victoria del 4 de mayo y su sintonía con el pueblo, inalcanzable para el PP de los mocasines, la convertían en una presencia amenazante. Y la disputa por la Presidencia del PP de Madrid fue solo la batalla visible de una guerra híbrida. Si Ayuso no renunciaba al liderazgo, se le obligaría a desistir con un chantaje. Hacia falta información y la información llegó a Génova.
Por los despachos corrió el rumor de que el hermano de Isabel Díaz Ayuso habría cobrado una comisión por ejercer de intermediario en la compra de material sanitario en los primeros meses de la pandemia. Claro que si Casado y Egea velaran por el buen uso del dinero público, y por la ejemplaridad de los altos cargos de su partido, no habrían encargado la investigación a un detective; habrían puesto el asunto en manos de la justicia, no en manos de Carromero. Pero el objetivo no era proteger a los madrileños, sino coaccionar a Ayuso, cuya popularidad perturbaba al acomplejado líder. Este episodio vergonzante debería marcar el final de la vida pública de aquellos que, con esta torpe artimaña, solo han confirmado su inepcia y falta de liderazgo.
Pero la salida de Casado y Egea no resuelve el dilema moral que supone que el hermano de la presidenta de una comunidad autónoma se beneficiara de una compra ejercida por esa comunidad. En un contrato de urgencia, y por tanto sin concurrencia pública, pagando la CAM el precio que pagó, da igual que la comisión a cargo del proveedor «no sea delito», como ha repetido incesantemente Ayuso. Es inverosímil pensar que el órgano administrativo no sabía que el proveedor venía de la mano del hermano de la presidenta. Según supimos este viernes, ni las cifras ni el concepto eran los que habían trascendido: no fueron doscientos ochenta mil, sino cincuenta y cinco mil euros. Y no fue en concepto de comisión, sino de servicios prestados. Confiemos en que la justicia aclare si hubo tráfico de influencias o cualquier otra vulneración de la legalidad, porque el futuro político de Ayuso depende de ello.
Sea como fuere, es indicativo de nuestra degeneración como ciudadanía observar con qué deportividad recibieron algunos la noticia -ahora parece que falsa- de que Tomás Díaz Ayuso había cobrado una comisión exorbitante en un momento crítico de nuestra historia reciente. Son los mismos que pusieron el grito en el cielo ante la sospecha de que los exministros de Sanidad y Transportes, Salvador Illa y José Luis Ábalos, habían comprado material sanitario a empresas cercanas al partido. Ahora imagínense que descubriéramos que un hermano de Ábalos se hubiera beneficiado indirectamente de un operación de su ministerio.
Casado y su escudero deben marcharse, pero Isabel Díaz Ayuso aún puede salvar su carrera política. No tiene la obligación de demostrar la legalidad de su gestión (el sistema presupone su inocencia). Pero la carga de prueba sobre la ética y la ejemplaridad de su mandato sí pesa sobre ella. Y haría bien en despejar todas las dudas.
TheObjective