NotMid 01/09/2026
Opinión NotMid
El dinero: el Pentágono actúa como socio y eso lo blinda para siempre de la justicia. Las petroleras medianas que hacen el trabajo físico cobran vendiendo lo que sobra en el mercado internacional.
¿Y Venezuela? Ahí está la parte más incómoda. Los fondos que le corresponden al país no van al Banco Central venezolano, sino a una cuenta controlada directamente por el presidente de Estados Unidos, que decide en qué se puede gastar.
Es como si a uno le dieran su sueldo, pero el jefe fuera el único que pudiera aprobar cada compra.
Hay algo todavía más fuerte que el reparto del dinero: quién manda si algo sale mal. El acuerdo establece que la empresa y los campos petroleros funcionan bajo la jurisdicción de Estados Unidos, no de Venezuela.
NABEP está registrada en Barbados, un paraíso fiscal caribeño, justamente para blindar los activos de cualquier vaivén político en Caracas.
Si mañana ocurre un derrame de petróleo en el Lago de Maracaibo, una demanda laboral masiva o cualquier disputa contractual, los tribunales venezolanos no tienen voz ni voto. Todo se resuelve en cortes federales estadounidenses o en arbitrajes controlados desde Washington. Físicamente el petróleo sale de tierra venezolana, pero legalmente esos pozos funcionan como si fueran territorio corporativo norteamericano.
Aunque el contrato formal dura veinticinco años, la estructura corporativa real le otorga a NABEP derechos de explotación por cien años.
Un siglo equivale a entregarle una quinta parte del petróleo del país a tres generaciones que todavía no nacieron, sin que hayan podido opinar.
La oposición venezolana —con voces como las de Diego Arria y María Corina Machado— lo califica directamente como un saqueo disfrazado de tratado comercial, una expropiación colonial que aprovecha la debilidad del país. Les indigna especialmente que el socio elegido sea Betancourt, un empresario que se hizo millonario bajo Hugo Chávez y luego con Maduro y Delcy.
También denuncian que un contrato petrolero de esta magnitud debía pasar por la Asamblea Nacional, pero se negoció en secreto. Los expertos señalan que las regalías e impuestos que recibirá Venezuela están muy por debajo de los estándares mundiales para un escala semejante.
A esto se suman las dudas legales en Wall Street: la oficina del Pentágono utilizada para este negocio fue creada para financiar tecnología dentro de Estados Unidos, no para volverse dueña de pozos petroleros en el extranjero.
Esto anticipa una fuerte disputa legal en el Congreso norteamericano, que ya comenzó a exigir mayor transparencia sobre el destino de los fondos.
Y hay un temor de fondo: si a Washington le empieza a ir bien con el petróleo barato, podría preferir que el actual gobierno de Venezuela se mantenga inalterable con tal de no arriesgar el negocio, aun a costa de frenar cualquier apertura democrática real.
¿Y qué gana Trump en todo esto?
Por ahora su grupo empresario no aparece en el radar.
Lo que obtiene es un rédito político invaluable: puede pararse frente a las cámaras y asegurar que cumplió su promesa de campaña de bajar la gasolina, aunque en los hechos ese 20% de petróleo barato sea una gota en el océano frente al consumo global y el precio en el surtidor dependa del mercado mundial, no de él.
También se anota un trofeo geopolítico histórico —algo que ningún presidente logró en cien años—: meter al propio Pentágono dentro de la principal riqueza de Venezuela. De paso, contenta a los empresarios de Florida y Wall Street que financian sus campañas, ya que son precisamente esas petroleras medianas las que se llevan una tajada jugosa del negocio.
La verdad incómoda es que nada de esto va a bajar el precio de la nafta mañana.
El costo de la gasolina en Estados Unidos lo rige el mercado global, no el anuncio de un contrato en Venezuela.
Tampoco va a llenar las Reservas Estratégicas. El petróleo venezolano es espeso como la melaza y no puede mezclarse con el crudo liviano del fracking (que representa el 57% de su producción) ni con el medio (que ocupa otro 39%).
Para explicarlo con claridad: las reservas estratégicas de EE. UU. se acumulan en 60 cavernas excavadas a profundidades de entre 600 y 1.000 metros bajo tierra en cuatro complejos ubicados en la costa del Golfo de México.
Son cavernas de sal diseñadas exclusivamente para petróleo liviano.
Las veces que se les inyectó crudo pesado se produjo un fenómeno llamado sludge: la interacción del hidrocarburo espeso con el agua salada forma una masa gigante de alquitrán denso, similar al chocolate derretido.
Al intentar succionar los depósitos, esa mezcla obstruye las tuberías como si fuera grasa en un drenaje y quema los motores de las bombas. Eso es el sludge.
A este panorama se suman los intereses acumulados y los juicios paralelos en cortes federales de Estados Unidos: la cifra de reclamos judiciales válidos supera los 23.111 millones de dólares. China y Rusia reclaman en conjunto entre 13.500 y 18.500 millones.
A esto se añaden otros 5.760 millones de deuda con organismos multilaterales (Banco Mundial y BID) y 65.000 millones en bonos estatales y de PDVSA. Añadir otro pleito en un negocio que involucra potencialmente 4,6 billones resulta inoportuno y perverso.
Sumar litigios no es una hipótesis lejana; ya hay antecedentes. ConocoPhillips le ganó a Venezuela juicios multimillonarios en el CIADI por expropiaciones de hace más de una década con un valor actualizado de 10.000 millones de dólares, y fallos como el de Exxon por 1.600 millones aún se están cobrando.
En resumen: el contrato del siglo no solo asegura ganancias mientras funciona, sino que opera como un seguro para el Pentágono y para Betancourt.
Si Venezuela decide bajarse del tren en la próxima estación democrática, tendrá que pagar el viaje completo hasta la terminal.
El resultado de tanta previsión será una fila interminable de acreedores internacionales —estadounidenses, rusos y chinos— con papeles en mano reclamando lo suyo.
Y esa fila no se formará en la puerta de la Casa Blanca ni en la mansión de Alejandro Betancourt, sino en la puerta de Venezuela: un país ya quebrado que corre el riesgo de terminar debiéndole dinero a medio mundo por un negocio que ni siquiera controla.
Esta es la trama de NABEP, de Betancourt, del acuerdo del siglo de Trump y Delcy, y de un asunto más espeso que el petróleo que ya tiene dueños nuevos.