NotMid 29/08/2026
OPINIÓN NotMid
Durante décadas, los venezolanos hemos pensado la cuestión electoral casi exclusivamente alrededor del acto de votar. Hemos discutido sobre el registro electoral, las máquinas, las auditorías, los testigos, las actas, la transmisión de resultados y, sobre todo, la composición del Consejo Nacional Electoral. Todo ello es indispensable. Pero nuestra experiencia autoritaria nos obliga a mirar más hondo: no puede haber verdadera integridad electoral allí donde no existe una justicia independiente capaz de protegerla.
La anterior afirmación ayuda a comprender el alcance de los acuerdos alcanzados el pasado 12 de agosto en el proceso de negociación promovido por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, entre el Gobierno encargado y la Asamblea Nacional electa en 2015. La renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia —mediante la designación de todos los magistrados de sus salas—, la creación de un consejo independiente de juristas para evaluar credenciales, la reforma de su ley orgánica y un nuevo procedimiento de postulaciones más transparente responden a una misma necesidad: reconstruir las garantías institucionales para que nuestros votos se expresen libremente y produzcan consecuencias políticas efectivas.
Una elección no comienza cuando el ciudadano se coloca frente a una máquina ni termina cuando se totalizan los resultados. Antes del voto deben estar protegidos el derecho a participar, la libertad de asociación política, el derecho a postular candidatos y la igualdad entre quienes compiten. Durante el proceso, las decisiones del poder público deben estar sometidas a la ley. Y después de la votación debe existir una garantía definitiva: que ninguna instancia del Estado pueda vaciar jurídicamente la voluntad ciudadana.
Los venezolanos conocemos muy bien las consecuencias de carecer de esa garantía. La experiencia de la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 constituye un antecedente fundamental. La oposición obtuvo una mayoría abrumadora mediante el voto popular, pero aquella decisión comenzó inmediatamente a ser neutralizada desde el Poder Judicial. A través de más de 70 sentencias, el Tribunal Supremo maniató a la Asamblea, limitó sus competencias, anuló sus decisiones e hizo imposible el ejercicio efectivo de la representación política.
Yo sufrí personalmente esas más de 70 sentencias. Como diputado de aquel Parlamento, vi cómo la decisión soberana de millones de compatriotas podía ser desbaratada mediante la utilización política de la función jurisdiccional. No fue necesario eliminar las urnas ni impedirnos votar; bastó con disponer de un tribunal capaz de privar de eficacia posterior a aquello que habíamos decidido como pueblo.
Por eso, cuando tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024 presencié el fraude judicial con el que se pretendió revestir de juridicidad unos resultados carentes de actas transparentes y verificables, recordé de inmediato las patrañas cometidas contra la Asamblea de 2015. Era el mismo mecanismo llevado hasta sus últimas consecuencias: utilizar al juez no para proteger la soberanía popular, sino para aniquilarla.
Entonces comprendí algo que desde ese momento acompaña mi reflexión: el desmontaje de la dictadura judicial es uno de los primeros pasos indispensables para reconstruir el Estado democrático. Nuestro problema nunca ha sido exclusivamente electoral; ha sido un problema de poder y de Constitución. Un CNE independiente es necesario, pero no basta. Incluso el mejor árbitro electoral necesita jueces capaces de controlar al poder. Cuando un ciudadano es privado arbitrariamente de sus derechos, un partido es intervenido o se pretende falsear una elección, la garantía última termina siendo judicial. El juez independiente es también custodio del voto.
El artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, pero esa afirmación se convierte en letra muerta si las instituciones permiten que el poder anule lo decidido. Por ello, la transformación del sistema de justicia está directamente vinculada con la eficacia de la soberanía popular. Designar nuevos magistrados, reformar la ley y abrir las postulaciones forman parte de una misma operación institucional: desmontar la estructura que hizo posible su subordinación.
Esto es clave en toda negociación política. Trasladar la lógica del reparto de espacios al Poder Judicial sería repetir, con otros protagonistas, el vicio que queremos superar. La independencia judicial no consiste en tener jueces propios, sino en no tenerlos. Un juez independiente no pertenece ni al Gobierno ni a la oposición; es juez de la república. Quien hoy exige su independencia debe estar dispuesto a aceptar que mañana ese mismo juez pueda decidir en su contra. Eso es el Estado de Derecho.
En 2015 comprobamos que ganar una elección no basta cuando un poder sometido puede atentar contra la representación popular. El 28 de julio comprobamos algo todavía más grave: tampoco basta expresar nuestra voluntad si no existen instituciones capaces de hacerla respetar. El desmontaje de la dictadura judicial no es un asunto lateral, sino el cimiento indispensable para rescatar la justicia en Venezuela.