NotMid 30/08/2026
OPINIÓN
Un mes después de la entrada masiva de 72.000 personas en la frontera de Ceuta, el Gobierno sigue sin esclarecer el origen de estos gravísimos hechos ni demuestra tener el control de una ciudad al borde del colapso. La debilidad del Ejecutivo, agravada por la parálisis institucional, ha abocado a España a una crisis de Estado a la que no se está dando la respuesta adecuada. La sensación de desamparo de los ceutíes obedece a la clamorosa ausencia del Estado en un territorio que merece la misma protección y consideración que cualquier otro del país.
Cuando se cumple un mes de aquella irrupción, miles de inmigrantes continúan vagando por las calles y ya han comenzado a registrarse graves alteraciones del orden público, mientras Moncloa da muestras alarmantes de incapacidad en una de las fronteras más sensibles de la Unión Europea.
Lo ocurrido interpela a toda España. La inhibición inicial y la deficiente reacción de un Ejecutivo superado por las circunstancias han impedido gestionar una amenaza que trasciende lo migratorio: estamos ante una crisis de seguridad, geopolítica y de salud pública. El estrangulamiento social y económico evidencia que Ceuta dista mucho de recuperar la normalidad. Lejos de ello, la inacción gubernamental, sumida en contradicciones, ha amplificado la incertidumbre.
Los brotes de violencia recientes —como la emboscada a un vehículo militar, los bloqueos al reparto de ayuda humanitaria o los conatos de enfrentamiento callejero— resultan inaceptables. Corresponde al Ejecutivo preservar la convivencia mediante la aceleración del retorno de quienes cruzaron irregularmente y la movilización de los recursos necesarios, tanto de las Fuerzas de Seguridad como del Ejército, para garantizar el orden público.
Superar la urgencia humanitaria no debe ocultar la cuestión de fondo: la vulnerabilidad de una frontera exterior clave frente a Marruecos. Resulta inadmisible que, un mes después, el Gobierno no haya aclarado la naturaleza de lo que el propio Ministerio de Defensa catalogó como un “ataque híbrido”, ni que se arrinconen las alertas del CNI en un asunto medular para la seguridad nacional. Se trata de una violación de la integridad territorial que hace incomprensible mantener una política de apaciguamiento con Rabat.
La necesaria cooperación con un país vecino no puede sostenerse desde una relación de subordinación, sino desde una posición diplomática firme. Una exigencia que hoy resulta inviable con un Gobierno instalado en la parálisis y la improvisación.