El empeño de los socialistas en no revelar el nombre de los cargos relacionados con el ‘caso Mediador’ erosiona al Congreso
NotMid 03/03/2023
EDITORIAL
Por responsabilidad institucional y por higiene democrática, el PSOE debe aclarar los hechos que rodean al caso Mediador y revelar la identidad de los cargos relacionados con Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Intentar blindarse anunciando acciones legales no hace más que alargar las sombras de sospecha ante el goteo de nombres presuntamente vinculados al ex diputado socialista en el marco de la trama de extorsión a empresarios a cambio de adjudicaciones. Más que en dirimir responsabilidades, Ferraz parece interesado en aplacar una polémica que golpea sus intereses electorales. Especialmente en Canarias, cuyo presidente no ha recibido el respaldo público de la dirección de su partido.
Hasta el momento, ya hay señalados 15 cargos socialistas, 13 diputados y dos senadores, que supuestamente mantenían relación con Tito Berni y habrían participado en las cenas que este organizaba con empresarios. Este periódico ha podido confirmar los nombres de cinco de ellos. Las citas que convocó el cerebro del caso Mediador con diputados del PSOE en el restaurante/sala de fiestas Ramses debió hacer saltar las alarmas en la dirección socialista.
El escándalo ha causado indignación social y erosiona el prestigio institucional del Parlamento, que la trama utilizaba como centro de operaciones para exhibir su influencia. Ahora el Congreso condiciona a la autorización del Tribunal Supremo que la Policía entre a registrar el despacho de Fuentes Curbelo, cuando la Fiscalía canaria solicita al menos el acceso a su ordenador y sus pertenencias. La falta de colaboración del PSOE está comprometiendo la imagen de la sede de la soberanía nacional. No basta con endurecer el código de conducta en sede parlamentaria. Ni con parapetarse, como ayer hizo Pedro Sánchez, en la expulsión del ex diputado. Se requiere una voluntad inequívoca de cooperar con la Justicia.
Desde Ferraz aseguran que se enteraron del caso el mismo día que se produjeron las primeras detenciones, el pasado 14 de febrero, cuando la noticia «aparece en los medios». Lo cierto es que existen fundados indicios de que el PSOE tenía conocimiento previo de la trama y fue tomando medidas, a modo de cortafuegos, como el cese del sobrino de Tito Berni en el Gobierno canario. Los investigadores apuntan a que la red se creó para favorecer los intereses de empresarios de la Península con explotaciones ganaderas insulares.
El shock en el que se hallan la cúpula de Ferraz y su grupo parlamentario es fruto de la falta de transparencia. El PSOE está pagando el coste de la moralización del debate público en la que se apoyó para impulsar la moción de censura de 2018. Tanto por la opacidad mostrada hasta ahora, que contrasta con el listón con que el partido juzga los casos de corrupción del PP, como por el hecho de que, mientras defiende la abolición, se vea envuelto en una serie de fiestas con prostitutas. El deber del PSOE es aportar luz y taquígrafos.