NotMid 27/09/2026
Opinión NotMid
Resulta revelador que el Sindicato de Inquilinas focalice su protesta contra la Comunidad de Madrid por el desahucio de Maricarmen frente a una propiedad pública en venta.
Todo ello a pesar de que la propia octogenaria, en declaraciones a TVE el pasado 22 de septiembre, señaló directamente al presidente del Gobierno antes de que la Policía ejecutara la orden judicial: “Culpo a Pedro Sánchez porque no se entera de los desahucios diarios, o no quiere enterarse”.
Aunque la afectada también repartió responsabilidades entre Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y el fondo Urbagestión, conviene precisar la actuación institucional.
Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad activaron los protocolos correspondientes: el Consistorio emitió el informe de vulnerabilidad y ofreció alojamiento de urgencia en el Samur Social, mientras que el Ejecutivo regional le brindó hasta en dos ocasiones una plaza en una residencia pública, un recurso que suele acumular hasta tres años de lista de espera.
El contraste reside en la promesa electoral del Ejecutivo central sobre la erradicación de los desahucios. Ocurrió con Olga —quien se quitó la vida tras ser lanzada en la Cataluña del Govern de Illa y Colau sin respuesta mediática similar— y se repite con el desahucio de este viernes en Vitoria de una familia con dos niños tras 14 años pagando su alquiler.
Ahora, tras ocho años de gestión, el Gobierno anuncia un decreto de urgencia condicionado por las exigencias contradictorias de sus socios de investidura: la presión de Podemos y Sumar por un lado, y los límites impuestos por Junts por otro.
El caso de Maricarmen refleja la instrumentalización de un problema social, pero no es el único frente abierto para el Ejecutivo:
Presión al estamento judicial: El procesamiento de Begoña Gómez por parte del juez Peinado ha estado acompañado de controvertidas declaraciones ministeriales sobre la presunta inocencia de la investigada antes de la conformación del jurado.
Investigaciones familiares: La citación de las hijas del expresidente Rodríguez Zapatero por parte del juez Calama en el marco de la investigación sobre transacciones opacas de joyas.
Giro en la gestión migratoria: El cambio de criterio en Ceuta el pasado 5 de agosto, cuando se frenaron las devoluciones de migrantes alegando apercibimientos de ONGs, pasando de definir la situación como un “ataque” a una “crisis migratoria”, en medio de desmentidos diplomáticos por parte de Marruecos.
Colapso en la Ley de Memoria Democrática: La admisión ante el Tribunal Supremo de que las oficinas consulares carecen de capacidad técnica para verificar si las solicitudes de nacionalidad vinculadas a la ‘ley de nietos’ corresponden efectivamente a exiliados de la Guerra Civil o el franquismo.
Entre procedimientos judiciales, contradicciones en la vivienda y giros en la política exterior, el caso de Maricarmen pasa de ser un drama humano a un síntoma de una legislatura sometida a la constante gestión del daño político.